Pachuca, Hgo., 4 de Febrero del 2011.- La intervención de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Hidalgo en el caso de Tlanchinol, siguen sin hacer efecto para dar solución a las demandas de los campesinos, pues los compromisos que han refrendado, una vez más, han quedado a medias.

Por eso, hoy, a 15 días de que el secretario de gobierno Gerardo González Espínola y una comisión de diputados de la LX Legislatura se comprometieran a resolver los procesos de elección de autoridades en las comunidades de Temango, Pueblo Hidalgo y Barrio San José, del municipio serrano en referencia, no hay indicio de que efectivamente cumplan.

Así lo señaló Guadalupe Orona Urías dirigente estatal de Antorcha Campesina (AC) en Hidalgo, quien aseguró que en la reunión que sostuvo con González Espínola, “en ocho días darían a conocer cómo se efectuaría los proceso para elegir a las autoridades”.

Sostuvo, que el tiempo no es un agravante, si las cosas estuvieran en calma. Pero resulta que en este caso, existe un plantón que cumplirá un año el próximo 28 de febrero, y las amenazas continúan en las comunidades por los caciques y autoridades municipales.

Puso como ejemplo el caso del Barrio San José, ubicado en la cabecera municipal, donde los pobladores continúan recibiendo citatorios por parte del presidente municipal panista, Alejandro Bautista Medina, quien los exhorta a presentarse a una reunión para tomar acuerdos, pero en caso contrario se les castigará “conforme a la ley”. ¿Cuál ley?, cuestionó Orona Urías, “seguramente la misma que ha utilizado el presidente desde que inició su administración… la ley del garrote”, señaló.

Por ello, Antorcha Campesina, hace un llamado a las autoridades del estado y al Congreso, para que actúen con prontitud para reponer este proceso y se obligue al presidente municipal a que cumpla con su obligación de dotar de servicios y obra pública a las comunidades.

“Acaso, a un año de plantón y de la serie de golpizas, secuestros y el asesinato del antorchista Pablo Medina Hernández, ¿no son suficientes elementos para establecer que existe abusó de autoridad y violación de los derechos elementales? ¿Por qué el estado no interviene?”, concluyó.