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Fijan
posiciones sobre el dictamen de la Reforma Electoral México,
D.F., Miércoles 12 de septiembre, 2007.- La Intervención del Senador
Arturo Núñez Jiménez, al fijar posición sobre el dictamen de la
reforma constitucional en materia electoral a nombre del Grupo
Parlamentario del PRD en el Senado de la Republica. -Me
honra hablar en esta sesión para fijar posición del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en lo general
ante el Dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia electoral. La
elección federal del 6 de julio del 2006 puso a prueba en una
situación inédita y límite al sistema electoral de México. Se
condensaron en esa fecha las deficiencias e insuficiencias que ya venía
reportando la normatividad vigente desde 1996 ante la dinámica del
cambio en el proceso de democratización. Los
primeros comicios presidenciales después de la alternancia plantearon
retos inéditos, lo que complicó una enorme competitividad reflejada en
los resultados estrechos de la votación entre los principales
contendientes. Se advirtió entonces con claridad que las instituciones
reportaron déficit en su diseño y en el desempeño de los responsables
de su conducción. Muchos procedimientos fueron rebasados por la
realidad. Nuevos
problemas que se fueron acumulando sin encontrar soluciones –precampañas
no reguladas, injerencia presidencial indebida, manipulación
gubernamental de la pobreza y la marginación mediante la compra del
voto, ‘spotización’ de la comunicación política, propaganda
negativa, predominio del dinero y de poderes fácticos a la captura del
Estado en la génesis de los poderes públicos sustentados en la
elección- llevaron al país a una severa crisis de legitimidad que ha
implicado graves retrocesos y que ha dividido políticamente a los
mexicanos acentuando la polarización que deriva de la brutal
desigualdad social. La
controvertida elección y el conflicto que le sucedió, requerían
siguen requiriendo- que la política se haga cargo de su función y los
políticos de las responsabilidades de nuestra profesión, para
acreditar la capacidad de resolver conflictos mediante la construcción
de acuerdos, que proyecten a México hacia adelante y no lo paralicen en
el encono y el agravio que se consumen en el pasado. A los
retos propios de lo electoral, se adicionaban los vinculados con la
falta de mecanismos idóneos para el diálogo y la negociación entre
los actores políticos, una vez que se agotaron el presidencialismo
hegemónico y sus prácticas para conducir el proceso de cambio
político y legal. En el
reacomodo del poder que ha vivido el país, a partir de la alternancia
presidencial y la falta de mayorías absolutas legislativas, este Poder
Legislativo ha sabido lograr con creatividad heterodoxa, concretada en
la Ley para la Reforma del Estado, su reivindicación como la instancia
por excelencia para el procesamiento fructífero de la pluralidad
política. Por vez
primera en la historia reciente de las reformas electorales mexicanas,
los acuerdos, la iniciativa de reforma constitucional y el dictamen
consecuente, en forma integral han sido generados en el ámbito del
Congreso de la Unión, en un esfuerzo pionero que puede resultar
promisorio para que el Poder Legislativo en su conjunto esté a la
altura de las exigencias nacionales de esta hora. La
reforma para mejorar las reglas de la competencia por el poder público
no agotan las transformaciones que necesita México, pero sí
constituyen condición necesaria para avanzar en esa dirección. Sin el
respeto entre los adversarios, pero sobre todo sin el respeto al voto
ciudadano, no habrá convivencia armónica posible ni viabilidad alguna
para la gobernabilidad democrática. La
reforma electoral sobre la cual hoy deliberamos en el nivel
constitucional, se centra en el cumplimiento de cinco objetivos
fundamentales: Como ya
se ha mencionado, el primer y gran objetivo de la reforma
consiste en una reformulación a fondo del modelo de comunicación
política en México; que comprende entre sus aspectos más relevantes
los siguientes: -
El derecho de réplica para todos los mexicanos y en todo tiempo; -
La prohibición en todo tiempo a los partidos políticos para
contratar propaganda en radio y televisión; no realizar campañas
negativas; y acceder en forma gratuita a esos medios electrónicos de
comunicación social a través de los tiempos que corresponden al
Estado; -
La prohibición a las autoridades gubernamentales de los tres
órdenes de gobierno para realizar propaganda, bajo cualquier modalidad
de comunicación social, durante las campañas electorales, salvo las
excepciones de ley; y el impedimento en todo tiempo para que dicha
propaganda sea utilizada para la promoción personalizada de cualquier
servidor público; -
La prohibición para contratar propaganda pagada, que influya en
las preferencias electorales, a favor o en contra de partido político o
candidato; - Y,
el establecimiento de un procedimiento administrativo expedito con
garantías procesales y un régimen de sanciones aplicables, a cargo del
IFE, para inhibir violaciones a las reglas de
comunicación política. El nuevo
modelo de comunicación política parte del reconocimiento a las
aportaciones que concesionarios, permisionarios comunicadores y
trabajadores de los medios de comunicación social, han hecho a la
construcción democrática de los mexicanos. Dicho
modelo parte también del reconocimiento de prácticas indebidas y
excesos que se han venido dando en la relación entre política –particularmente
durante las campañas electorales- y medios informativos Es obligación
de todos, autoridades, partidos y los propios medios de comunicación,
hacer autocrítica y asumir la parte de responsabilidad de cada uno,
para contribuir a una democracia de mayor y mejor calidad en México. En modo
alguno, como se ha reiterado, se trata de conculcar la libertad de
expresión, sino de evitar campañas negativas que dañan y degradan la
convivencia colectiva. Los mexicanos quieren que los políticos y los
comunicadores proyecten lo mejor de sí en la vida pública. Segundo,
el fortalecimiento del Instituto Federal Electoral, que se concreta,
entre otras medidas, mediante la ampliación de sus facultades
orientadas a fiscalizar a fondo las finanzas partidistas sin las
restricciones inherentes a los secretos bancario, fiduciario y fiscal;
la administración de los tiempos gratuitos en radio y televisión para
los partidos políticos en comicios federales y locales; la imposición
de sanciones administrativas a las injerencias indebidas en los procesos
electorales por parte de autoridades gubernamentales, medios de
comunicación social y particulares; y la facultad de organizar
integralmente elecciones locales cuando así se lo requieran las
autoridades competentes de las entidades federativas. Esta
reforma abre brecha para el control y fiscalización de los recursos
públicos a disposición de los órganos constitucionales autónomos.
Serán instituciones públicas de educación superior las que propongan
al titular de la Contraloría General del IFE, cuyo nombramiento será
hecho por el órgano de la representación nacional que tiene atribuida
constitucionalmente la revisión de las cuentas públicas. Es falso que
se limite la autonomía del Instituto; de lo que se trata es de que los
sujetos controlados no designen, como lo decía el Senador Creel, a
quien los deba controlar. El
escalonamiento en la elección de los integrantes del Consejo General
aportará al IFE las ventajas de combinar renovación y experiencia en
cada relevo institucional. Se iniciará la renovación a la entrada en
vigor del Decreto que nos ocupa, como se hizo en dos ocasiones
anteriores, en 1994 y 1996. En el pasado hubo consejeros magistrados y
consejeros ciudadanos que con dignidad antepusieron la renuncia a sus
respectivos cargos para contribuir al avance democrático de México y
nunca confundieron su permanencia personal con la autonomía del IFE y
mucho menos se dejaron usar por defensores interesados de última hora.
En tercer
término, se amplía el sistema de justicia a cargo del Tribunal
Electoral, dando permanencia a las salas regionales y a la Sala Superior
capacidad de atracción y de delegación de asuntos; restituyendo su
facultad de dictar la no aplicación de normas que violen la
Constitución General de la República; y otorgándole base
constitucional a lo que hoy es solamente jurisprudencia, para que los
militantes de los partidos políticos puedan reivindicar sus derechos
siempre que hayan agotados las instancias internas previstas
estatutariamente para la solución de conflictos. El cuarto objetivo consiste en la consolidación del sistema de partidos políticos. Conforme
a la reforma del artículo sexto constitucional, recientemente
publicado, los partidos son ya sujetos obligados para la transparencia y
el acceso a la información, a través de la rendición de cuentas y los
informes de toda índole que deben presentar ante el IFE. Mayor
fiscalización a las finanzas partidistas; base constitucional a la
defensa de los derechos de los militantes; determinación sobre el
destino de los bienes de los partidos que pierdan su registro;
regulación precisa de precampañas y campañas; y transparencia
informativa, junto con otras prescripciones, hacen de los partidos
sujetos claros de obligaciones, que impide la ”partidocracia’”, en
la que sólo se tienen derechos . La
reducción del financiamiento público a los partidos constituye el quinto
objetivo de la reforma electoral. En respuesta a una demanda sentida de
la comunidad nacional, se han ajustado a la baja los montos de los
recursos públicos a asignar para actividades ordinarias y electorales. El tema
se abordó responsablemente, sin dejar indefensos a los partidos ante el
poder del dinero privado, lícito e ilícito, pero considerando
integralmente la solución mediante el replanteamiento de la fórmula
para el cálculo de los recursos a distribuir; la disminución
significativa de la duración de las campañas electorales; la
rendición de informes durante el desarrollo de las propias campañas y
no sólo después de ellas; el establecimiento del rebase de los topes
de gastos de campaña, como causa de nulidad de la elección; y la
supresión del gasto en medios electrónicos de comunicación social,
que es el elemento disparador del costo de las elecciones. Con los
anteriores contenidos la reforma que hoy votaremos significa, sin duda,
un avance fundamental para competir democráticamente por el poder
público en México. Cambios tan trascendentes como los propuestos por
el dictamen, hoy no serían posibles sin las aportaciones del movimiento
popular y su liderazgo; tampoco se hubiesen logrado sin la voluntad
política de quienes debemos construir necesariamente la mayoría
calificada de las dos terceras partes de los votos en el Senado, en la
Cámara de Diputados Federales y la mayoría, en la mayoría de los
Congresos Locales para modificar el texto de la Carta Magna. No se
debe descalificar una reforma de gran calado por diferencias
específicas, cuando el propio procedimiento legislativo prevé
votaciones en lo general y en lo particular. Es por ello que el Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Senado
votará a favor del Dictamen, invitando a todos los demás Senadores
también a hacerlo en sentido afirmativo. Va por México-.
DICTAMEN
FINAL LA
PRIMERA COMISIÓN EMITIÓ 123 DICTÁMENES DURANTE SUS SESIONES DE
TRABAJO. PROPONEN
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