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Fijan
posiciones sobre el dictamen de la Reforma Electoral 12 de septiembre de 2007.- En esta fecha, las fuerzas políticas que en este Senado de la República representan a la pluralidad de los mexicanos, hemos alcanzado los consensos, indispensables y suficientes, para analizar y discutir un nuevo modelo de reforma electoral que establece la consolidación democrática de nuestro régimen político. El Grupo
Parlamentario del PRI, se congratula de este logro colectivo, alcanzado
a través de las instituciones de representación nacional que expresan
la voluntad popular y definen el interés público. La
iniciativa constitucional de reforma electoral, que hoy conocemos a
manera de dictamen, va de la simple alternancia política a la
consolidación democrática, al estar anclada en la reforma del régimen
político y el proceso de reforma del Estado. •La
reforma representa un cambio de raíz en el modelo electoral, y
restablece los principios de equidad, proporcionalidad y representación
que en una democracia consolidada deben normar el sistema electoral.
•La reforma reafirma condiciones para el ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos y los partidos; porque garantiza el sufragio efectivo y libre, al establecer un sistema competitivo y justo, en el que se propicia la definición, el contraste y la elección de las ofertas políticas. •La
reforma promueve la superación del déficit de gobernabilidad que
caracteriza el actual régimen político, garantiza un equilibrio
funcional entre los poderes públicos, y una rendición institucional de
cuentas. •La
reforma fortalece el poder a los electores, al asegurar que la
competencia política se realice con base en las propuestas, las
trayectorias y las ideas y no en base a prácticas
denigrantes y polarizantes. • La
reforma permite agregar calidad a nuestra democracia, al permitir que
sean los votos, sólo los votos, y no el dinero, lo que cuente y
se cuente. Con este
modelo de sistema electoral, reconocemos la necesidad de adaptación
continua y de recurrir a los medios constitucionalmente establecidos
para la renovación institucional. El desarrollo político requiere de
certeza, equidad y confianza en las normas electorales. • El
modelo anterior, que buscó equidad en la competencia, no podía prever
las distorsiones que en el tiempo, el dinero podría generar en la
contratación abierta, indiscriminada y abusiva de tiempos en los medios
electrónicos de comunicación, lo cual a todas luces, ha tornado
inequitativas las contiendas y con ello, generado más conflictos e
impugnación en cualquiera de los resultados. •Tampoco
podía preverse que el modelo de financiamiento público y privado diera
lugar a procesos onerosos que no corresponden a las condiciones económicas
y sociales del país; porque en una sociedad desigual como la nuestra,
el imperativo
de métodos de competencia equitativa y justa es doblemente
significativo, justamente para que los mecanismos de la democracia
procedimental generen autoridades y representantes que atiendan con
legitimidad y eficacia los deberes públicos. • Nadie
podría estar satisfecho con procesos electorales que saturan la vida
privada y los espacios públicos, y acosan los hogares y a las familias
con campañas sucias que tergiversan el sentido democrático de la
competencia electoral. El nuevo
modelo electoral, atiende las exigencias de la sociedad, de los
ciudadanos y de una generación de consejeros electorales que,
recordemos, a su salida institucional en el 2003 nos dejaron asignaturas
pendientes y señaladas insuficiencias que desde hace algunos años
vislumbraban en el horizonte político electoral. Atendemos
también el cúmulo de iniciativas electorales que en los últimos años
se han presentado en las instituciones de representación nacional más
de 500. A
diferencia del tiempo en que éstas fueron presentadas, ahora las
fuerzas políticas nacionales establecimos un método de trabajo, ese método
de trabajo giró alrededor de una aprobación previa de una Ley para la
Reforma del Estado. Con
oportunidad y durante varios meses a partir de la aprobación, puesta en
marcha para la construcción de acuerdos. Quien quiso hacerlo, presentó
sus propuestas, contrastaron y debatieron sobre las temáticas mediante
consulta pública y exposición mediática, constituyéndose en base a
todo este procedimiento un acervo que está a disposición de todos.
Nadie entonces hoy en día puede llamarse inconsulto. Cumplimos,
también, las aspiraciones de perfeccionamiento de la democracia
representativa, que nos legó el ciclo de reformas electorales de las
tres décadas
anteriores; y que nos permitieron la incorporación de los sectores
sociales y la pluralidad política al régimen democrático, así como
la implantación constitucional de autoridades electorales autónomas,
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Hoy es
la hora de desvanecer las legítimas dudas que en torno a la
reforma electoral se han planteado, pero también el momento de no
permitir las mentiras que a la luz del proceso legislativo se han
desatado ahora que estamos adoptando un nuevo modelo electoral para
consolidar nuestra democracia. En las
últimas horas, hemos escuchado muchas mentiras que en lugar de
informar, muestran que están desinformados. Que quede muy claro,
nada hay en la reforma electoral que atente contra la libertad de
expresión. Los ciudadanos y quienes laboran en los medios, podrán,
como debe ser hacer uso de su voz, hoy, mañana y siempre, para expresar
lo que quieren, aún si lo que dicen puede faltar a la verdad. Dicho lo
anterior y sabiendo que no es materia, la libertad de expresión que
queda salvaguardada en ese dictamen que puede pasar a modificar a
nuestra constitución, sólo valdría recordar y citar a un
constitucionalista de mi respeto, que valdría siempre recordar: “La
libertad de expresión – dice – no es el derecho a mentir, no es un
sinónimo de difamación ni calumnia; no es el derecho a desdibujar la
realidad; no es el derecho a confundir a la audiencia; no es el
avasallamiento a otros derechos humanos; no es la sustitución de
tribunales y el derecho a crear nuevas inquisiciones”: De Jorge
Carpizo. Que se
atenta contra la liberad de empresa, dicen también, en la industria,
nada más falso. Ni se atenta contra la libertad de expresión, ni
se atenta contra la libertad de la industria de la radio y la televisión.
No se le está imponiendo nada a ésta, un impuesto o pago adicional al
que el Estado mexicano no tenga derecho. Recordemos.
Hagamos uso de la memoria. Tiempos de Estado y tiempos fiscales,
30 minutos y 15 minutos, respectivamente. Estos últimos, por
cierto, vienen a sustituir el 12.5% del tiempo al que el Estado tenía
derecho, esos sí, mediante un decretazo hecho en la oscuridad, nunca
dialogado, nunca discutido, lo que vino a mermar los intereses del
Estado mexicano en la materia. Por
cierto, los 15 minutos son fiscales, que es la forma en que algunos
medios de comunicación cumplen algunas de sus obligaciones tributarias
con el gobierno. Estamos
tomando esos tiempos que le pertenecen al Estado, que son del Estado,
para evitar que siga esa competencia desleal de quién tiene más dinero
y quien tenga más dinero para comprar más tiempo, sea quien gobierne
el país, no quien resulte el mejor para hacerlo. También
hay que decirlo, se imputa a la reforma electoral, que está queriendo
consolidar una partidocracia. Nada más falso. Aquí hay un
gran esfuerzo por remontar lo que no funcionó, lo que no funcionó y
provocó la polarización, el encono y el conflicto postelectoral en
2006. A la vista aún están las secuelas provocadas por la
inequidad y el uso indiscriminado del dinero para salvaguardar intereses
particulares. ¿Qué se defiende, el país de los “spots” y
los “raitings”, o el derecho de los ciudadanos a obtener información
que sirva para orientar sus decisiones? Estamos
planteando una disminución significativa del gasto en campañas
electorales. Falazmente se dijo que el gasto de los partidos se
incrementaría con la reforma, que se gastaría aún más dinero
al reducirse el presupuesto del gasto de campañas con la reforma que
sin ella. Esto es falso; el financiamiento – entiéndase-
el gasto en campañas electorales, se reduce y hay que repetirlo, un 70%
en la elección de diputados federales y un 50 por ciento en la elección
presidencial. El
ahorro generado en ambos ciclos electorales, significaría un ahorro
para los contribuyentes de 3,308 millones de pesos, mismos que serán
susceptibles de ser destinados a otras prioridades del gasto público,
conforme se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Nada más
alejado de la realidad, que los partidos políticos busquen canonjías o
privilegios. Un gran consenso entre los partidos políticos es la
restricción económica que debemos respetar. Queremos solamente los
recursos económicos que estén bajo control absoluto del Instituto
Federal Electoral y acceso a los medios electrónicos de comunicación,
sólo dentro de los tiempos oficiales. Pero no nos engañamos. Sabemos que en los países en donde se ha adoptado el modelo de no contratación directa de tiempos en televisión y radio, ha habido fuertes reacciones de algunos concesionarios de medios de comunicación y aún de políticos que suponen que sus carreras se verían comprometidas. Pero en todos los casos, en Brasil o en Chile, en Francia o en Alemania, si bien se vivió esta catarsis, el paso del tiempo hizo ver a los ciudadanos que percibieran los beneficios de un modelo más competitivo, basado en ideas y propuestas y no en el dinero, no en la diatriba y las campañas negras, lo que ha propiciado elecciones menos impugnadas y más aceptadas en sus resultados. Aquí sí
valdría decir, señor senador Navarrete que a quienes defiende sus legítimos
intereses, nosotros les damos el más prístino de nuestro respeto. Pero
a quienes quieren hacer valer simplemente su fuerza o poder acumulado,
recordarles que no se equivoquen, porque sí: podrán doblar a más de
un político, pero nunca quebrar al Estado. Esto es
lo que habla de las fortalezas de las instituciones, muy por encima de
lo que pueden ser los intereses personales. Termino
diciendo: se ha querido imputar también que se afecta la autonomía y
la independencia de la autoridad electoral. Nada más falso. Al
Instituto Federal Electoral, la reforma en comento, lo fortalece,
institucional y procedimentalmente. Al IFE, la reforma le provee
instrumentos, más facultades y atribuciones para las autoridades
electorales federales, para fiscalizar y regular a los partidos políticos,
haciendo prevalecer el financiamiento público sobre el de origen
privado, creando un órgano del IFE para la fiscalización, y rendición
de cuentas en el uso de los recursos de los partidos políticos, y
cancelando, que es muy importante, el secreto bancario, fiduciario
y fiscal de los partidos políticos. ¿Por qué
renuncian los partidos políticos a ellos? porque creen en un nuevo
modelo de transparencia y de mayor equidad. Señoras
y señores: El Grupo
Parlamentario del PRI le da el mayor de sus respetos a cada uno de los
integrantes de este Senado y se siente orgulloso de participar en ésta
LX Legislatura. Es mucho lo que hemos avanzado y más lo que podemos
hacer buscando siempre los acuerdos y los consensos. Respeta
también enormemente la manera en que van a votar sobre este dictamen.
Nosotros lo haremos a favor porque creemos en este cambio. A todos
nos debe quedar claro: estamos adoptando, con la aprobación de este
dictamen de las Comisiones Unidas, un nuevo modelo para consolidar
nuestra democracia y expulsar el dinero y el poder constituido en
los hechos, pero no Constitucional de las elecciones. Estamos
impulsando un cambio que tiene que ver con la calidad de nuestra
democracia. Es un modelo electoral de avanzada, que se apoya en los
cambios exitosos que hemos hecho en el pasado reciente y corrige lo que
ya nos demostró que no funcionó. La decisión es de fondo. No hay
complicidad. En el 2006 México estuvo a punto de sufrir una crisis política
verdaderamente insuperable Los últimos
eventos electorales nos han dejado divididos y confrontados. Vayamos
todos, hagámoslo, al encuentro de consolidar nuestra democracia. No
volvamos a apostarle a no hacer nada. El Grupo Parlamentario del PRI en
el Senado acudirá y cumplirá a su cita con su historia. Muchas
gracias. Reformulación a fondo del modelo de comunicación política en México: Arturo Núñez
DICTAMEN
FINAL LA
PRIMERA COMISIÓN EMITIÓ 123 DICTÁMENES DURANTE SUS SESIONES DE
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