Más transparenciaDe Pilar Ramírez Ramírezramirez.pilar@gmail.com19 de junio de 2008 Cuando apareció la primera ley de transparencia de Veracruz, en junio de 2004, era, como dice la canción, una pálida sombra de la ley federal; era una ley para evitar la incorrección política en el escenario nacional, por lo cual fue posteriormente sustituida. La semana anterior, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, cuya iniciativa provino del poder ejecutivo.
Entre las novedades más importantes de la reforma legal veracruzana, que marcan una diferencia significativa con la ley federal, están las trece fracciones que se adicionan al artículo ocho para ampliar la gama de obligaciones de transparencia. Una especialmente importante para los derechos humanos se ubica en las puntualizaciones acerca del poder judicial como sujeto obligado a la transparencia, en relación con los cuerpos de policía, ya sea preventiva o ministerial, los cuales –según indica la reforma- deben informar de “los protocolos de uso de la fuerza, incidentes reportados de oficio, incluyendo uso de armas letales y no letales”; también deben reportar “número, características y frecuencia de quejas sobre incidentes de uso de la fuerza, tanto en los órganos internos de la policía, la disciplina administrativa, la justicia penal y la revisión de las comisiones de Derechos Humanos, así como las medidas adoptadas al respecto”. En una especie de profundización de la metatransparencia, las reformas a la ley estatal abundan en las obligaciones informativas del propio Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). En Veracruz se abre también una puerta de transparencia que deberán cruzar los sindicatos, ya que en el citado artículo ocho se establece que los sujetos obligados deberán publicar la relación de servidores públicos comisionados por cualquier causa, incluso de carácter sindical.
Los ahorritos
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Algunos
medios locales reprodujeron la afirmación del comunicado de prensa del
Congreso estatal –y fue el aspecto destacado en sus notas- en el
sentido de que con tales modificaciones la ley estatal se homologa con la
federal; no es así, con las reformas y adiciones hechas a 15 artículos de
esta ley, Veracruz supera sustancialmente en asuntos de gran
relevancia a la legislación federal, sin olvidar que los faltantes en este
marco legal han sido compensados en parte por la participación ciudadana,
la operación que ha tenido el Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI), los acuerdos de transparencia que ha logrado y el
papel que han cumplido los medios para impulsar el ejercicio de este
derecho, mismos que han sido también el aliento para el debate y evolución
de la ley.
Al
artículo seis, que pormenoriza los deberes de los sujetos obligados, se le
adiciona un párrafo que indica lo siguiente: “Los particulares que ejerzan
actos de autoridad estarán obligados a entregar información relacionada
con esos actos a través del sujeto obligado que supervise sus
actividades”; al amparo de la ley veracruzana sería posible que el
Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), empresa privada que se ha
posicionado como la aplicadora de evaluaciones estandarizadas por
excelencia, se viese obligado a exhibir las evaluaciones mismas, lo cual
no ha sucedido hasta ahora. ¿No es acaso un acto de autoridad ser la
instancia que determina quién es admitido o no en las instituciones
educativas, quién tiene o no un desempeño académico adecuado?; pero la
aceptación de estas pruebas de conocimiento es básicamente un acto de fe,
pues nadie, ni las instituciones usuarias ni los estudiantes –excepto en
el momento mismo de someterse a evaluación- tienen acceso a los exámenes
por los que se pagan cuotas que oscilan entre 116 y ocho mil 700 pesos.
Ceneval sólo proporciona el tipo de reactivos que aplica. La Ley
Federal de Transparencia ha fracasado como respaldo de
investigadores que la han invocado para solicitar esta información;
hoy, la ley de Veracruz puede contribuir a terminar con esa
opacidad.
Con
ejemplos como éstos, es incuestionable el avance de la ley estatal. Es
cierto que los hechos nos han mostrado una y otra vez que el papel resiste
mucho, por lo cual deberán ser los hechos mismos los que demuestren la
superioridad del marco legal veracruzano en materia de transparencia.