La Corrupción Termina Con La Esperanza...

Desde sus inicios y hasta 1997, la base de la seguridad social en México, fue en un sistema solidario[2], en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, conformado por aportaciones tripartitas (patrones, trabajadores y gobierno) y en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con aportaciones de los trabajadores y el propio Estado.

La mayoría de los sistemas de pensiones que existen en el mundo, se crearon en la primera mitad del siglo XX, con condiciones económicas, sociales y demográficas distintas a las de hoy día. De ahí la necesidad de replantearlos y realizar reformas para continuar con su viabilidad[3]

La crisis que enfrentan las distintas Instituciones de Seguridad Social del país no sólo se debe al régimen de pensiones y jubilaciones, entre las causas también están:

El incremento de la esperanza de vida (los años de vida como jubilado son cada vez más)

La reforma que el gobierno planteo en 1997 sentó las bases para dejar atrás el sistema solidario y pasar al de cuentas individuales[4] a través de las Administradoras denominadas Afore.

Sin embargo, al paso de unos años, ha quedado demostrado que este sistema no resuelve el problema financiero. Solo por mencionar un ejemplo el envejecimiento de la población, afecta tanto a los sistemas de pensiones basados en la capitalización como a los basados en el reparto, si realmente se quiere disminuir el efecto del cambio demográfico, es necesario buscar soluciones que impliquen el aumento en las tasas de empleo.

El envejecimiento de la población en muchas sociedades es un fenómeno que está repercutiendo significativamente tanto en los sistemas financiados por capitalización y los sistemas basados en el reparto como en el costo de la asistencia médica.

Ante este escenario, no es posible culpar al régimen de pensiones y jubilaciones como la causa última y única de la crisis, pero si es necesario realizar reformas para adecuar el sistema a una nueva realidad nacional, siempre bajo un esquema de solidaridad, en el cual el riesgo este repartido entre todos los afiliados, se deben asegurar niveles de prestaciones adecuados, garantizar la solidaridad nacional.

En algunos países se han combinado los dos sistemas, donde los regímenes complementarios y otros planes de pensiones negociados, más adaptados a las circunstancias y a la capacidad contributiva de los diferentes grupos de la fuerza laboral son un valioso suplemento pero, sin sustituir a los regímenes obligatorios de pensiones.

En toda reforma los interlocutores sociales tienen una importante función que desempeñar con respecto a los regímenes complementarios y otros planes negociados, mientras que la función del Estado es proporcionar un marco reglamentario eficaz y mecanismos de control y aplicación, donde su participación este presente.

Con objeto de que sea sostenible, la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones debe garantizarse a largo plazo. Por lo tanto, es necesario que se realicen proyecciones actuariales periódicas y se introduzcan los ajustes necesarios tan pronto como sea posible. Es imprescindible que se realice una evaluación actuarial completa de cualquier reforma que se proponga antes de adoptar una nueva legislación.

[1]OIT, Organización Internacional del Trabajo, www.oit.org

[2] los sistemas de pensiones con prestaciones definidas basadas en el reparto, el riesgo se asume colectivamente

[3] Tal es el caso de España que desde 1996 ha sufrido cambios, Francia y Brasil en el 2003, Italia en los 90`s

[4] son las propias personas las que asumen el riesgo.

* Economista, con Maestría en Desarrollo Económico por la UNAM